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Democracia con barbijo: el desafío de votar en pandemia 

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Por Robertino Sánchez Flecha

“El derecho de votar es un derecho que nadie puede arrebatar a los ciudadanos”, Jean-Jacques Rousseau, El Contrato Social, Libro IV (1761).   La existencia de elecciones libres, periódicas, competitivas y transparentes es un aspecto central de toda democracia. Desde pensadores como Rousseau y Montesquieu hasta Dahl y Sartori coinciden en eso, cada uno con sus matices. Lo que ninguno pensó jamás es cómo garantizar eso en medio de una pandemia mundial. Toda elección requiere de reglas de juego claras y de instituciones que garanticen el cumplimiento de las mismas.  El Estado debe ocuparse de que la ciudadanía tenga las condiciones necesarias para ejercer el derecho al voto, así como también, que los partidos políticos y los actores involucrados en el proceso electoral tengan garantizado que la campaña, la votación y el escrutinio serán transparentes. A todo eso hoy se agregan las condiciones sanitarias para que los votantes se sientan seguros a la hora de sufragar. ¿Cómo garantizar la transparencia de la elección y la participación electoral en pleno coronavirus? ¿Puede haber colisión entre el derecho político al voto y el derecho humano a la salud? ¿Cómo exigir garantías sanitarias a un partido o a un elector sin cercenar o limitar sus derechos políticos? Es cierto que los clásicos nunca pasan de moda, pero esas son preguntas que no respondió ningún Rousseau. Si incentivar a la ciudadanía a que vote es siempre un desafío difícil, en medio de una pandemia eso se vuelve una odisea. Para tal fin, la Casa Rosada y la Cámara Nacional Electoral (CNE) trabajaron desde principios del 2021 sobre un protocolo para establecer reglas de cómo votar en pandemia. Si bien hubo consenso en líneas generales, hubo matices y desinteligencias. Un aspecto medular en la discusión fue el pedido de la CNE para que el Gobierno asegure la vacunación de las autoridades de mesa. Convocaron a unas 200 mil personas para esa tarea y anticiparon la designación a 65 días antes de las elecciones para que haya tiempo a que sean inoculadas. En el Gobierno aseguraron que eso ya está contemplado. La inquietud de la Justicia es si llegarán a ser inmunizadas antes del 12 de septiembre. Desde que comenzaron a elabora el protocolo sanitario de cara a la PASO, la campaña de vacunación avanzó considerablemente en todas las provincias. En Argentina, se aplicaron 30.139.279 de vacunas contra el coronavirus, de las cuales, 24.047.290 personas recibieron una dosis y  6.091.989 personas completaron el esquema de inmunización. Está claro que la preocupación y el desafío de los próximos días será avanzar en la aplicación de la segunda dosis. Sobre todo porque la mayoría de los que esperan por completar su esquema vacunatorio contra la Covid-19 son personas mayores de 60 (es decir, dentro del grupo de riesgo).  En relación con el pedido de inmunizar a las autoridades de mesa, la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, explicó que la población objetivo a vacunar es algo que define cada distrito y desde el Ejecutivo Nacional no tienen la atribución para establecer a quién inocula en cada provincia. La funcionaria destacó que esperan aplicarle al menos una dosis a “buena parte de la ciudadanía” antes de la votación.   Elecciones en el mundo La organización Election Guide relevó que hubo elecciones en 61 países en esta pandemia y se espera que más naciones voten este año, incluyendo a la Argentina. El protocolo nacional para garantizar la seguridad de los votantes contempla una ampliación del 30% de los centros de votación, con cerca de 20 mil establecimientos, los cuales tendrán un máximo de hasta 8 mesas para votar; se estima que habrá un total de 102.000 mesas (en 2019 hubo 99.800). Desde el Ejecutivo explicaron que cada 15 días hablan con los apoderados de los partidos políticos para explicarles las medidas que se tomarán en la elección. Además, contempla que los electores lleven su propia birome, que realicen filas afuera de los establecimientos de votación, el uso de barbijo permanente y un kit sanitario para las autoridades de mesa y los fiscales.  Una de las figuras centrales para controlar el cumplimiento del protocolo es la del “facilitador sanitario”. Desde la Dirección Nacional Electoral explicaron que es una persona adicional de las fuerzas de seguridad que controlará el cumplimiento de medidas en torno al establecimiento de votación que “son evidentes a simple vista” y, por eso, “no tiene que tratarse de personal especializado sanitario”.  En el Ministerio del Interior defienden que el facilitador sanitario sea un integrante del Comando General Electoral (CGE), que es constituido por decreto presidencial para controlar y vigilar la elección. El 30 de abril el presidente, Alberto Fernández, autorizó al Ministerio de Defensa a designar a los comandantes del CGE y tanto la cartera de Agustín Rossi como el Ministerio de Seguridad subordinarán los efectivos que se requieran para el operativo.  En la elección de 2019, el CGE contó con alrededor de 90.000 efectivos y para esta se espera que ese número se incremente con agentes adicionales para garantizar los cuidados sanitarios. En la CNE entienden como importante que además de las autoridades de mesa, también estén vacunadas todas las fuerzas de seguridad abocadas a los comicios.  Mientras se ultiman los detalles sobre la implementación del operativo sanitario para las PASO, tras el cierre de listas, los flamantes candidatos ya comienzan la danza proselitista. El 13 de agosto se oficializará la designación de autoridades de mesa. Será importante ver si, como exige la CNE, la campaña de vacunación estará lo suficientemente avanzada como para asegurar que los principales actores de los comicios lleguen vacunados al 12 de septiembre. Los resultados de la elección serán, quizás, un buen indicio de eso.

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